La Asociación Cartaginense ha dado un golpe sobre la mesa. Esta semana ha registrado sendos escritos ante el Ayuntamiento de Cartagena, la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática y la Secretaría General de Patrimonio, Cultura y Deportes de la Región de Murcia. ¿El objetivo? Forzar a las administraciones a actuar de una vez por todas: rehabilitar el eremitorio del Monte Miral y retirar los escombros que una promotora abandonó hace años en el paraje protegido del Cabezo de San Ginés.

El caso no es nuevo. De hecho, arrastra casi una década de abandono, promesas incumplidas y una lentitud administrativa que, según la asociación, raya la negligencia. El eremitorio del Monte Miral no es un lugar cualquiera. Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1992 -y ratificado en 2019-, es el único conjunto eremítico protegido de toda la Región de Murcia. Y se cae a pedazos.

Desde la primera denuncia formal en 2014, el expediente de conservación duerme el sueño de los justos. Mientras tanto, el deterioro avanza sin freno: las pinturas murales del eremitorio número 2 se deshacen literalmente, la cúpula de la ermita 4 se ha venido abajo y el resto del complejo presenta un estado lamentable, muy lejos de lo que cabría esperar de un BIC.

Lo más grave, a ojos de la Asociación Cartaginense, es que hay una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que sanciona a la empresa propietaria, Portman Golf, por incumplir sus obligaciones legales. Aun así, la promotora ni repara el daño ni asume su responsabilidad. Y lo hace, según la asociación, “con el beneplácito tácito de la administración regional”, que tampoco ejecuta ni fuerza la restauración.

La propia Comunidad Autónoma advirtió en 2024 que empezaría a imponer multas coercitivas mensuales si no se cumplía una resolución. Pasaron los meses. Diez, para ser exactos. Las sanciones llegaron… pero no surtieron efecto. Nada se ha movido.

Y no es lo único. Afirman desde la asociación que la empresa dejó residuos de obra en 2018 en pleno Cabezo de San Ginés, un paraje natural protegido tanto a nivel nacional como internacional. Un informe oficial de la Dirección General de Medio Ambiente, fechado en 2020, fue claro: ese abandono daña tanto el entorno natural como el patrimonio cultural. Pero, cuatro años después, sigue sin haber sanción.

La situación, para la Asociación Cartaginense, roza lo kafkiano. Y señalan al Ayuntamiento de Cartagena como corresponsable. Recuerdan que tanto el eremitorio como el cabezo están dentro del término municipal y figuran desde 1987 en el Plan General. Es decir, el Consistorio no solo puede intervenir: debe hacerlo.

Más aún, denuncian que más de 150.000 euros recaudados por la Comunidad Autónoma en concepto de sanciones relacionadas con este BIC han ido a parar a la caja única regional. Ni un solo euro, dicen, se ha reinvertido en salvar el monumento.

“Si en tres meses no se actúa, pondremos el caso en manos de la justicia”, advierten. La solicitud de ejecución subsidiaria registrada esta semana es, dicen, el último paso antes de volver a los tribunales. Una decisión que toman con pesar, pero también con determinación: “Ni las sentencias del TSJ ni las multas han disuadido al propietario, cuya voluntad de destruir el eremitorio por inacción es evidente”.

Y cierran con una frase que suena a ultimátum, pero también a lamento:
“El patrimonio no puede esperar. Su defensa no es opcional: es una obligación legal y moral”.