Pues no. No voy a hablar de apagones. El funcionamiento de la energía y suministros es para mí un espacio inaccesible. La mecánica de un mechero o de una cerilla ya me parecen fascinantes. Lo que sí puedo contar es que llevo más de 30 años usando un radiodespertador a pilas, sin conexión mediante cable a ninguna red eléctrica, que además me permite trasladarme a cualquier otro sitio oyendo Radio Nacional de España. Mi familia se sintió muy orgullosa de mí por haber podido suministrar la información que no podíamos haber obtenido por medios más sofisticados. En realidad, es una percepción mía, no les he preguntado. Pero no quiero que la realidad me arruine un buen relato.

Y eso mismo le ha ocurrido al Gobierno con un asunto del que me siento mucho más preparado para opinar. La subida del salario mínimo interprofesional. Desde la inercia a considerar de forma positiva cualquier medida que ayude a repartir la riqueza y a reducir las desigualdades, prefiero cuestionarme ciertas cosas ante decisiones de relevante impacto. No se trata de estar a favor o en contra. Se trata de ver los beneficios y los inconvenientes. Veo indicios que una medida loable es en realidad una búsqueda de un relato simple o de una medida “vendible” de cara al electorado, más que el resultado de un análisis profundo.

El SMI desde el año 2012 ha subido casi un 85%. ¿Es mucho, es razonable o es poco?

Si nos fijamos en el impacto que ha tenido en el empleo, parece que el mercado laboral tenía capacidad para absorber una subida importante, pero es posible que hayamos alcanzado cotas de saturación. Según el informe de la AIReF del 31 de marzo de 2025 sobre la sostenibilidad de las AAPP a largo plazo, existe un impacto reducido de las subidas del SMI en el empleo, pero más importante por la acumulación que por subidas anuales concretas. Según este organismo independiente, en 2019 (cuya subida fue de un 22%) el impacto fue de entre 40.000 y 65.000 empleos perdidos.

¿La estructura laboral que sostiene nuestro país, con mayor impacto de sectores de pequeña dimensión, poco cualificados y, por tanto, salarios bajos, está preparada para los cambios que se han aprobado en estos últimos años?"

 

Sin embargo, en 2023 (con una subida de un 8%) el efecto fue mayor con un impacto de pérdidas de empleo de entre 55.000 y 85.000. El motivo parece ser la intensidad, es decir, que en 2023 la subida afectó a un mayor número de empleados por ser un porcentaje mayor de estos los que ingresan este nivel de salarios. Pero podemos haber alcanzado un nivel cuya relación entre subida del SMI y mantenimiento del empleo sea mucho más elástica. ¿Se han tenido en cuenta estos análisis para tomar decisiones que afectan al empleo? ¿La estructura laboral que sostiene nuestro país, con mayor impacto de sectores de pequeña dimensión, poco cualificados y, por tanto, salarios bajos, está preparada para los cambios que se han aprobado en estos últimos años? ¿Qué efectos tiene en el traslado a la economía sumergida de empleados más vulnerables o en cuanto a la motivación por buscar un empleo más exigente que genere mayores ingresos? Son análisis que debemos tener en cuenta y que no me consta que se hayan difundido.

Como un esperpento puedo calificar la solución a los problemas fiscales que generaba la última subida de 2025. Por la escenificación de las dos ministras implicadas (tendentes a la estridencia y sobreactuación en cualquier circunstancia) y por la solución dada.

Las consecuencias de la medida era la obligación de practicar retenciones a una buena parte de los perceptores del SMI, incluidos los empleadores mayores con alto porcentaje de dependencia de empleados domésticos. Los ingresos de los perceptores se reducían, las obligaciones burocráticas para personas con poca capacidad para emprenderlas crecían y el relato quedaba un poco feo.

Pero, aumentando los límites para la obligación de retener por encima del SMI anual, perdíamos miles de millones en capacidad recaudatoria. Y para un gobierno que lleva 5 años consecutivos batiendo el récord histórico de gasto público, no parecía una opción.

No comparto la exigencia de aumentar el límite mínimo para retener o hacer lo posible para que no suceda"

 

Por mi parte, no comparto la exigencia de aumentar el límite mínimo para retener o hacer lo posible para que no suceda. La responsabilidad fiscal tiene que ser lo más extendida posible y la progresividad se encarga de incrementar la carga a quien más percibe. Con la ayuda de la AEAT a los empleadores de actividades no económicas para que pudieran practicar las retenciones sin necesidad de recurrir a recursos y/o conocimientos por encima de sus posibilidades, se podría haber saldado el problema. Pero implicaba mayor exigencia a las AAPP.

Esta deducción temporal de un año a los perceptores del SMI hace que perciban mayor salario neto que otros empleados con mayor sueldo. Suponiendo un empleado sin descendientes ni ascendientes que atender y sin minusvalías reconocidas. Si el SMI anual en 2025 asciende a 16.576 euros, tenemos que llegar a casi 17.200 euros anuales para cobrar lo mismo, por la retención que se le practica a este último. Esta discrecionalidad es injusta y desincentiva el esfuerzo por la búsqueda de una mejor situación laboral.

El impacto a los empleados de hogar

Por último, me voy a centrar en el impacto a los empleados de hogar. El coste anual para el empleador de una persona a 40 horas semanales en el año 2025 es de unos 20.250 euros, ligeramente por encima de la pensión media de jubilación (sin tener en cuenta las pensiones de viudedad y otras). El coste en las mismas circunstancias en el año 2018 estaba en torno a los 12.700 euros, cuando la pensión media era de unos 13.300 euros.

Según la tabla que muestro a continuación, el incremento del SMI ha supuesto una reducción significativa en el número de empleados domésticos registrados.

Lo que no podemos dilucidar es si el número de empleados de hogar ha disminuido realmente. Las necesidades no creo que hayan variado mucho. Y esto nos lleva a dos consecuencias:

• -El subempleo (es decir, la situación en que un trabajador tiene la disponibilidad de dedicar más horas de trabajo pero no encuentra la oportunidad) que en el empleo doméstico alcanza casi el 32%, el sector más alto de cualquier actividad con mucha diferencia.
• -La economía sumergida directamente. Casi con toda probabilidad, no ha descendido la necesidad del empleo doméstico sino el número de contratos dados de alta en la Seguridad Social. Y esto afecta a los más vulnerables, que son a los que pretendemos ayudar con el incremento del SMI. Otro caso en que el exceso de protección expulsa del mercado a los que queremos proteger. Otro ejemplo muy claro como en el mercado de la vivienda de alquiler, donde las familias vulnerables se han quedado fuera ante el temor de los arrendadores ante los riesgos de impago y el amparo para que se produzca.

Creo recomendable activar ayudas fiscales a la contratación de empleados domésticos, mediante deducciones en IRPF del gasto por ejemplo, cuyo coste se ha hecho inasumible para la mayoría. Son muy necesarios en la fase de formar familias para que pueda producirse la conciliación familiar y laboral en un país con necesidad de que aumente la natalidad y en la fase de cuidados a personas dependientes para conseguir esa misma conciliación de los familiares que asumen la figura de cuidadores no profesionales. Y ayudaría a sacar empleados vulnerables de la economía sumergida y cotizar por su trabajo. Debería ir acompañado de una mejora la inspección laboral en el ámbito doméstico para que no se produzcan abusos.

Ya que tenemos buena fe e ímpetu reformador, no vendría nada mal incorporar los análisis para que no nos echen abajo un relato a priori deseable.