Amigo lector, ¿te animas a acompañarme en un recorrido imaginario por las zonas de la comarca de Cartagena que dejó atrás la industria y la minería?  No necesitas botas de senderismo, solo curiosidad y algo de memoria colectiva.

Empezaremos la ruta en el antiguo cinturón industrial, donde aún reposan, como fantasmas del pasado, los residuos de tres factorías: Ercros, Zincsa y Peñarroya. Todas ellas procesaban los minerales arrancados a la vecina Sierra Minera, y todas comparten hoy el mismo legado: 229 hectáreas de suelos contaminados con metales pesados -plomo, cadmio, arsénico- e incluso residuos radiactivos.

Si no hay viento con polvo tóxico, nos podremos mover entre barrios cargados de historia: Los Mateos, desde donde se dice partió Aníbal con sus elefantes rumbo a Roma; Torreciega, que conserva junto a la antigua Vía Augusta una magnífica tumba monumental romana; y Santa Lucía, el lugar por donde, según la tradición, desembarcó Santiago Apóstol para evangelizar Hispania.

Después, nos acercaremos al muelle Alfonso XII, donde nos espera el catamarán turístico. Pero no será el típico paseo costero: navegaremos unas diez millas náuticas hacia el este, rumbo a la bahía de Portmán, conocida en tiempos romanos como Portus Magnus. Allí ya no hay puerto pesquero: 60 millones de toneladas de residuos mineros lo sepultaron para siempre, junto a gran parte de la ensenada. Solo podremos fondear donde el agua no envenena.

De vuelta a tierra firme, nos adentraremos en la Sierra Minera, una pequeña cordillera de belleza oxidada, que fue motor de ambición y ahora es testimonio de abandono. La recorreremos con calma, en silencio para escuchar el zumbido sordo de la desolación. Seguiremos el trazado de los surcos que la lluvia ha esculpido en el terreno y por donde el plomo y el arsénico descienden lentamente hacia su destino final: el Mar Menor.

Nuestro camino proseguirá a pie durante 9 kilómetros hasta alcanzar la joya herida del sureste, el Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa. Pero aquí no hay postal paradisíaca: el baño queda vetado entre aguas turbias y sedimentos pútridos, producto de décadas de agricultura intensiva, desarrollismo descontrolado, turismo masivo y residuos mineros.

Todo este territorio, que entre tierra y mar suma unas 18.000 hectáreas, sufre seis emergencias ambientales activas. Es el legado de un desarrollo industrial voraz, que el siglo XX dejó heridas  que el siglo XXI aún no ha sabido sanar. Un paisaje de contrastes, donde la historia se mezcla con la negligencia, y que convierte a Cartagena en una anomalía ecológica dentro de Europa.

 

Peñarroya: escasa transparencia en su proceso de descontaminación

 

Desde que la fundición de Peñarroya cerró sus puertas en 1992, sus terrenos han permanecido abandonados a su suerte. Sobre ellos pesan toneladas de residuos industriales peligrosos que incluyen metales pesados como plomo, arsénico, cadmio, mercurio y bismuto, a los que se sumó en 2019, la posible presencia de materiales radiactivos. Un cóctel tóxico que, según estudios de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), afecta a una extensión de 71 hectáreas.

 

En 2020, la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) tomó cartas en el asunto al adquirir los terrenos mediante un proceso de expropiación iniciado en 2017. El objetivo: demoler las estructuras ruinosas y descontaminar el área para transformarla en un futuro espacio logístico. Pero la herencia de la fundición va más allá de su solar original: también se han identificado suelos colindantes contaminados, actualmente propiedad de la empresa Inversiones Inmobiliarias Canvives S.A.

 

En lo que respecta al solar de 6,5 hectáreas propiedad de la Autoridad Portuaria, ya se han realizado tanto el estudio de caracterización del suelo -—que consiste en identificar, localizar y cuantificar los contaminantes presentes- como el plan de descontaminación. Este último documento está pendiente de recibir la aprobación ambiental por parte de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, ni el Puerto ni la Comunidad han ofrecido detalles sobre el contenido de los estudios ni sobre el calendario previsto de actuaciones.

 

Por otro lado, en los terrenos colindantes, la Comunidad continúa a la espera de que la empresa propietaria, Inversiones Inmobiliarias Canvives S.A., presente su correspondiente estudio de caracterización del suelo. De no cumplir con el plazo establecido, la administración regional se vería obligada a asumir la realización del estudio de forma subsidiaria.

 

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Y con él, la preocupación ciudadana crece ante la falta de respuestas concretas para lo que ya no es solo un problema medioambiental, sino también una cuestión de salud pública.

 

El Hondón: dos décadas de residuos, promesas y conflictos

 

Desde que en 2001 la empresa Ercros cesara su actividad industrial en El Hondón, la historia de estos terrenos —que abarcan 110 hectáreas— ha estado marcada por la incertidumbre. Actualmente, el Ayuntamiento de Cartagena es propietario del 75 % de la superficie, mientras que la Comunidad Autónoma de Murcia (CARM) posee el 25 % restante. En esta extensa área persisten residuos de metales pesados como mercurio, plomo, cadmio y arsénico, así como sustancias con potencial radiactivo que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) asegura que no suponen un riesgo “significativo” para la salud de la población... siempre que el suelo no sea removido.

 

En 2023, Ercros presentó un proyecto básico de remediación para estos terrenos. Su propuesta consistía en confinar “in situ” los residuos, sin extraer los materiales contaminantes. El CSN avaló el plan, argumentando que “cuanto menos se muevan los fosfoyesos y las piritas de esos terrenos, mejor”. Sin embargo, tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de Cartagena rechazaron la propuesta, alegando que no garantiza un entorno seguro ni permite usos futuros, ni siquiera plantar un árbol y mucho menos parcelar. Tras esta negativa, Ercros impugnó la declaración de suelo contaminado, así como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJM) que la avalaba.

 

La Comunidad Autónoma, en junio de 2024, comunica que ejecutará de forma subsidiaria la descontaminación y recuperación ambiental de los terrenos, si bien exigirá a la mercantil Ercros los costes derivados de ello. Por su parte, en 2025, la plataforma de suelos contaminados de Cartagena ha elevado sus quejas a la Comisión Europea, alegando una vulneración de derechos fundamentales ante la persistencia de la contaminación en la zona. Además, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en la que señala la presunta inacción del Ministerio Público en la Región de Murcia.

 

La herencia tóxica de Zincsa en Torreciega

 

La antigua factoría de Española del Zinc (Zincsa), que operó en el barrio cartagenero de Torreciega hasta su cierre en 2008, dejó tras de sí una huella tóxica: 48 hectáreas de suelos contaminados con metales pesados como plomo, cadmio, arsénico y zinc, así como residuos peligrosos como amianto y fibra de vidrio.

En 2018, los terrenos fueron adquiridos en subasta judicial por 1,5 millones de euros por la empresa Cartagena Parque, vinculada al promotor Tomás Olivo. Cabe recordar que esos mismos suelos habían sido comprados en 2006 por la sociedad inmobiliaria Quorum Capital Investments -relacionada con el empresario murciano José Miguel Durán González- por 142 millones. La adquisición actual incluía la obligación expresa de descontaminar el área y proceder de inmediato al vallado del perímetro.

En febrero de 2025, el TSJM ratificó que Cartagena Parque asumió la obligación de descontaminación al adquirir el terreno, y validó además la orden de vaciado de las balsas contaminantes, al considerar probados los riesgos medioambientales para el entorno. Esta resolución permitirá retirar más de 150.000 toneladas de residuos de diferentes tipologías acumulados en las antiguas instalaciones.

Un mes después, tras un análisis exhaustivo de la situación ambiental, la CARM decidió ampliar la actuación hasta un total de 350.000 toneladas de residuos, afectando a una superficie de 28 hectáreas, otorgando un plazo de tres meses a Cartagena Parque para presentar un plan definitivo de descontaminación, tras rechazar su propuesta inicial por no aportar una "solución permanente", tal y como exige la legislación vigente. Paralelamente, Cartagena Parque ha retirado 500 metros cúbicos de líquidos peligrosos, trabajándose en la retirada de otros 800 metros cúbicos de líquidos no peligrosos.

Sin embargo, el procedimiento continúa encallado, ya que la administración regional debe resolver aún las múltiples alegaciones presentadas por Cartagena Parque. No hay que olvidar que en 2009 estos terrenos fueron recalificados como suelo residencial, condición que quedó supeditada a su previa descontaminación, un paso que sigue pendiente 16 años después.

Con este escenario incierto y una historia plagada de incumplimientos y litigios, no sorprende que los vecinos de Torreciega consideren que la descontaminación se ha convertido en una odisea interminable. Mientras tanto, denuncian que conviven a diario con un aire cargado de metales pesados, con posibles efectos graves sobre la salud, como subraya su representación legal.

 

 

 

 

Contaminación presente y compromiso ausente

Aunque el Ayuntamiento ha aprobado declaraciones institucionales reclamando la descontaminación, vecinos y colectivos sociales critican la falta de acciones concretas y una comunicación poco clara con la ciudadanía. La situación exige mayor transparencia y un compromiso real por parte de las autoridades locales para proteger la salud y el bienestar de la población.

El Consistorio no solo tiene responsabilidades políticas, sino también obligaciones legales, éticas y administrativas en lo que respecta a informar a los ciudadanos durante los procesos de limpieza de suelos contaminados. Estas obligaciones se sustentan en normativas nacionales, directrices europeas y principios de buena gobernanza y abarcan compromisos tales como: ofrecer información periódica y publicada en portales de transparencia de seguimiento del proyecto de descontaminación y de los riesgos sanitarios y ambientales asociados y las medidas paliativas a adoptar, supervisión del cumplimiento de los protocolos ambientales, activar el protocolo de emergencia en caso de que ello fuese necesario, etc. Reseñar que el incumplimiento de las obligaciones anteriormente expuestas puede dar lugar a responsabilidad administrativa, política e incluso judicial.

Mientras tanto, la desconfianza vecinal crece. Muchos ciudadanos afirman haber agotado todas las vías institucionales —local, autonómica, estatal y europea— sin encontrar respuestas claras ni soluciones reales. Denuncian que la gestión del problema se ha convertido en un cruce de acusaciones entre administraciones, más preocupadas por el reparto de culpas que por la búsqueda de salidas eficaces. Y lo más alarmante: los residuos tóxicos siguen ahí, sin que exista aún un plan concreto ni calendario definido para su eliminación. Para los vecinos, el tiempo se agota y las promesas vacías ya no son una opción.

 

Francisco José Conesa Cánovas

Doctor Ingeniero Industrial