Las principales instituciones del Campo de Cartagena han exigido esta mañana la inmediata paralización de los cambios en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, cuya aplicación pondría a la agricultura de la comarca en “una situación crítica”; al reducir a la cuarta parte el agua de riego que ahora mismo mantiene 45.000 empleos directos y cerca del 60 % de la producción agraria de la Región. Así ha quedado de manifiesto tras la reunión constitutiva de la Mesa del Agua del Campo de Cartagena, convocada por la alcaldesa Noelia Arroyo a petición de los regantes, ante la amenaza que suponen los cambios anunciados en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Arroyo ha explicado que los asistentes han decidido instar al MITECO a adoptar las decisiones necesarias para paralizar los cambios, abrir La Mesa a todos los sectores que estarán afectados por estas decisiones y elaborar un manifiesto que exige cualquier modificación en el uso del agua “se aborde como una cuestión de Estado, con un debate riguroso y basado en criterios científicos, y que no se adopten decisiones unilaterales sin antes garantizar alternativas viables para el regadío”.

La reunión ha contado con la presencia de Manuel Martínez Madrid, presidente de Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena; José Ángel Pérez Abellán secretario general del Sindicato Central de Regantes (SCRATS), y los alcaldes y alcaldesas de Cartagena, San Javier, Torre Pacheco, San Pedro del Pinatar, Pilar de la Horadada, Los Alcázares, La Unión y Fuente Álamo. También han asistido el rector de la UPCT, el presidente de la Cámara de Comercio, la presidenta de COEC, el presidente de la Autoridad Portuaria, el director general del Agua y el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca.

Durante la comparecencia posterior, la alcaldesa ha subrayado que las instituciones de la comarca han respondido a la llamada de los agricultores y ha apelado al respaldo social para evitar un desastre en el campo y en la economía del sureste. Según el manifiesto, “la reducción del trasvase en la actualidad no tiene alternativa porque el agua desalada es insuficiente, inadecuada y más costosa” y . “el Campo de Cartagena no puede permitirse retroceder económica y socialmente, ni ver cómo se desmantela una estructura productiva esencial que fija población en las áreas rurales y evita procesos de desertificación”.

El presidente de los regantes advirtió de que las nuevas reglas de explotación del trasvase solo permitirían transferir en un mes el volumen que actualmente se trasvasa en una semana, incluso en situaciones como la actual, con reservas suficientes y sin amenazas hidrológicas. Señaló que, si no se establece un plan alternativo, el campo se enfrentará a una situación sin retorno, y reiteró la necesidad de paralizar cualquier modificación hasta que existan soluciones viables.

En la misma línea, el secretario general del SCRATS, José Ángel Pérez Abellán, lamentó que se estén cuestionando 100 hectómetros cúbicos cuando hay almacenados más de 9.485, y alertó de que el recorte del trasvase puede impactar sobre el 40% de la actividad económica de la comarca. Según explicó, si no se detienen los recortes, “los pueblos de la comarca seguirán existiendo, pero no podremos reconocerlos”.

Todos los participantes en la reunión han advertido de las graves consecuencias de los recortes sobre el conjunto de la economía de los municipios del Campo de Cartagena. El alcalde de Torre Pacheco alertó de que “puede cambiar la configuración de estos pueblos, y concretamente del mío, que está ligado al 100% a la agricultura”.

La presidenta de COEC dijo este golpe a la agricultura supone una amenaza también sobre nuestra autonomía alimentaria: “no estamos hablando solamente del cambio en la estructura organizativa, estructura económica de nuestra comarca, de nuestra región; estamos hablando de país”.