MURCIA. Yecla está ahora más cerca de tener al fin su nueva comisaría de Policía Nacional. El proyecto, que comenzó en 2022, tuvo que ser paralizado en 2023 por deficiencias en el diseño inicial. Por tanto, tras dos años con los trabajos detenidos y el contrato anterior ya rescindido, estas obras han vuelto a salir a licitación por 4,7 millones de euros.

Por tanto, las empresas interesadas en participar en este proceso tienen hasta el próximo 22 de mayo para presentar su candidatura en un proceso que estará marcado por la oferta económica, pues el precio decidirá el 70% de la nota final. Por su parte, los aspectos técnicos completarán el 30% de la calificación restante. 

Cabe recordar que la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, ya anunció que este proyecto volvería a salir a licitación en el primer trimestre de este 2025, tal y como recogió Murcia Plaza, un hecho que finalmente ha esperado hasta el mes de abril. 

En consecuencia, habrá que pospone la fecha de finalización inicial, pues Guevara contaba con tener la comisaría terminada en el segundo trimestre del 2026, aunque resulta bastante probable que los trabajos se demoren hasta el tercero. No en vano, el plazo de ejecución del proyecto es de 12 meses.

En cuanto a la retribución, pese a que el presupuesto es de 4,7 millones de euros, la compañía que salga vencedora recibirá un máximo de 3,9 millones de euros netos, pues se trata de un procedimiento gestionado por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos del Estado y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) y la Administración central no se abona el IVA a sí misma.

En un primer momento, la construcción de la nueva comisaría de Policía Nacional quedó en manos de la alicantina Aitana Actividades de Construcción y Servicios, que se hizo con estos trabajos con una oferta de 3,7 millones de euros.

Fue en junio del 2022 cuando esta compañía inició las obras para la cimentación y la estructura, al tiempo que iba trabajando de forma paralela en las instalaciones. No obstante, conforme fue avanzando la construcción quedó patente que había varias deficiencias en el proyecto.

En concreto, se produjeron errores respecto a la medición de acero que se necesitaba y los materiales empezaron a encarecerse por encima de lo recogido en el contrato. Además, se detectaron una serie de carencias en el edificio que requerían de unos cambios para adaptarse a la normativa vigente, por lo que hubo que subsanar el proyecto en materia de ventilación, saneamiento y control de incendios.

Por tanto, el 16 de junio de 2023 la empresa y el Estado suscribieron el Acta de Paralización, con lo que las obras se dieron por finalizadas hasta actualizar las instalaciones a las nuevas necesidades. Sin embargo, estos cambios traían consigo un sobrecoste que sobrepasaba el 30% que permite la ley de Contratos del Sector Público, por lo que, tras no alcanzar un acuerdo, la firma alicantina solicitó en el mes de junio de este 2024 la resolución del contrato.

En cualquier caso, este trámite no fue completado hasta el pasado 16 de diciembre del 2024, lo que supuso una indemnización de 134.000 euros por daños y perjuicios, además de los ingresos que había recibido hasta ese momento por sus trabajos.